Resumen: INDEMINIZACION DAÑOS Y PERJUICIOS-RESPONSABILIDAD
Resumen: El sentido o alcance del concepto "costes salariales" defendido por la apelante es conforme al propio y usual de esa expresión en el ámbito de la contratación administrativa (v.g. el artículo 34.8 del RDL 11/ 2020 de 31 de marzo(13) y las disposiciones sobre estadística y cuentas públicas también citadas por la misma parte) y, por lo tanto, equivalente al de costes laborales del artículo 101.2 c) de la LCSP(14) . Y no se trata de la aplicación de la legislación laboral en cuyo ámbito el concepto de salario se contrae a las percepciones económicas del trabajador en contraprestación a sus servicios ( artículo 26.1 del texto refundido aprobado por RDL 1/1995 de 4 de marzo(15) ) sino de los efectos en el ámbito de la contratación pública, conforme a las previsiones de esa legislación, de los incrementos de costes "laborales" derivados de la negociación colectiva. Y es por esas mismas razones que la información requerida por la contratante al adjudicatario, conforme al artículo 130 de la LCSP(16) , a efectos de una eventual subrogación del nuevo contratista en los contratos de los trabajadores del contratista anterior, y que se ha incorporado a los Anexos del PCAP suma salario bruto y cotizaciones para determinar el coste salarial anual de aquellos; con lo cual, ninguna trascendencia tiene que dicha información haya sido facilitada por la propia recurrente y no por otra empresa.
Resumen: Se recurre la resolución sancionadora por la comisión de dos infracciones graves de la legislación de prestación de servicios sociales impuestas a la entidad titular de una residencia de personas mayores. La sentencia considera que la conducta encaja en el tipo de infracción grave, al quedar acreditado que se trataba de una residente que requería especial vigilancia y cuidado, por lo que encuadra plenamente la conducta relativa al descuido y, por tanto, incumplimiento del cuidado especial requerido, sin que el incumplimiento de dicho deber in vigilando pueda imputarse, de modo generalizado y culpabilizador, a los residentes, que para eso tienen garantizada por la normativa de aplicación la vigilancia y especial cuidado que requieren sus tratamientos, concluyendo que las medidas de vigilancia del personal eran insuficientes, y en este caso se hizo dejación de las mismas, incumpliendo lo preceptuado en la normativa aplicable. En cuanto a la proporcionalidad de la sanción, se confirma la resolución sancionadora por cuanto que la Administración ostenta discrecionalidad en la imposición de sanciones, dentro de los límites legalmente previstos, debe ser desarrollada, ponderando en todo caso las circunstancias concurrentes, y en el caso vienen atemperadas a la particularizada gravedad del hecho en la conjunción de las circunstancias de índole subjetivo y objetivo.
